La justicia se retrae del negocio de las cabillas

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La justicia se retrae del negocio de las cabillas

Mensaje por M.R.O el Miér Nov 02, 2011 7:30 am

“Que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias”. Palabras más, palabras menos repitieron hasta el cansancio funcionarios, dirigentes sindicales y políticos -tanto del oficialismo como de la oposición- en Guayana, cuando el tráfico ilegal de cabillas no pudo ocultarse más. Los allanamientos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) levantaron expectativas fundamentadas en la detención de un importante gerente de Sidor.




Leonardo Suárez Montoya
lsuarez@correodelcaroni.com
Foto Cortesía Sidor/Archivo


El sector construcción alega que aún existen las mafias

Artículos de línea blanca, combustible y 25 cajas de cerveza fueron encontrados junto a los 60 bultos de cabillas. Fue el 12 de diciembre de 2008. Dos años y medio más tarde, aunque las proporciones no se repitieron, el comercio ilícito de las cabillas volvió a convertirse en tema de investigación y en una necesidad de revisión administrativa.

146 días han pasado desde la detención del ex presidente de Orinoco Iron y ex gerente de comercialización de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), Luis Velásquez, el 9 de junio de 2011. Cinco meses atrás lo que hoy se conoce como la “mafia de las cabillas” perdía sus cimientos de acero a poco un mes de haber empezado la Gran Misión Vivienda.

La Dirección de Inteligencia Militar (DIM) fue el encargado de desarrollar las investigaciones y los allanamientos. Los fiscales 26 y 30 -con competencia nacional- participaron, incluso, en la inspección de la ferretería Hierros San Félix, tres días después de la primera visita de las autoridades a Sidor.

De acuerdo con auditorías internas en Sidor, desde 2008 la acería mantenía reservas sobre los vínculos comerciales entre Velásquez con la estatal y con otras empresas. El informe GEAI AF00108 es uno de ellos.

Sin regulación
El 9 de enero de este año, el Indepabis allanó un depósito en Vista al Sol, donde decomisó 28 toneladas de cemento y cabillas. En Barinas, el 4 de julio la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautó 37 toneladas de barras de acero.

La empresa deja de percibir 207 por ciento en sus ingresos económicos por comerciar las barras de acero a precio regulado, muy por debajo de la cotización en el mercado internacional. Y nacional, de allí el atractivo que representa: pues si bien Sidor la ofrece con márgenes inferiores a los costos de producción, las cabillas terminan -la denuncia pública persiste desde los gremios de construcción- hasta casi cinco veces más de lo que establece el Indepabis.

El 17 de junio otros dos gerentes de Sidor fueron capturados al descubrirse la comercialización de lodo fino de hierro -la cifra de la transacción alcanzan los 7 mil millones de dólares- en la que también participaron funcionarios de Orinoco Iron.

Ya para esta fecha la cantidad de detenidos llega a los 20; entre los allanamientos están incluidos Hierrobeco, Pianmeca Aluminios y Maploca. En uno de los procedimientos fue detenida Liliana Orozco, conocida como la reina de las cabillas.

Cambio de rumbo
El presidente de Sidor, Carlos D’Oliveira, ha expresado que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y ha defendido la honestidad de los trabajadores de la acería. Subraya que: “Sidor no es un antro de corruptos”.

Tanto el conocimiento público de las investigaciones como la producción de las cabillas han sido intermitentes. El relieve existente en ambos escenarios ha dejado secuelas. Unos las califican como positivas. Otros lamentan el subsecuente desabastecimiento.

César Olarte, del Frente Revolucionario de Trabajadores Siderúrgicos (FRTS), expone como un ejemplo de cambio para bien la Comisión temporal de Comercialización de Sidor y el giro en la proporción en el despacho de las barras de acero. Afirma que es lógico que el sector privado de la construcción se queje por la insuficiencia de las cabillas porque ya no reciben 85 por ciento de la producción, sino apenas cuatro.

Insta a las autoridades a investigar también a Sidetur, aunque expresó desconocer si esta siderúrgica tiene irregularidades en la comercialización de las cabillas.

La situación se agrava en meses como septiembre en el que la producción bajó 8 mil toneladas, es decir, 25 por ciento en comparación con agosto. El registro cerró en 24 mil toneladas. El informe del FRTS reseña que el despacho de las cabillas fue de 18 mil 916 toneladas, es decir, 78,81 por ciento de las barras fabricadas. La empresa ha reconocido tener problemas con el flujo de caja para garantizar el suministro del rubro.

Olarte recuerda que la prioridad para Sidor es la Misión Vivienda. Pdvsa Industrial recibió 65 por ciento de la producción para esta iniciativa. En general, la proporción es la siguiente: gobierno obtiene 84 por ciento de las barras de acero, Ferresidor 11 y las empresas privadas cuatro por ciento. El informe del FRTS no precisa qué sucede con el uno por ciento restante.



No está en el olvido

Durante su visita a Ciudad Guayana, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones sobre las mafias de las cabillas. A la fecha cinco personas están detenidas. La funcionaria agregó que ya tienen preparadas más órdenes de captura.

Dos días después del recordatorio de Ortega, el presidente encargado de la junta operativa de transición de la estatal Briqueteras de Venezuela (Briqven, antigua Matesi), Daniel Rodríguez, informó que las fiscalías 26 y 30 del Ministerio Público lo habían citado.

Al precisarlo ayer sobre en calidad de qué acudirá el 16 de noviembre a Caracas, respondió que “citado”. Acotó que la misiva del Ministerio Público expresa con puntualidad los temas por los que le preguntarán. Afirma que la citación quiere indagar su versión sobre “el tema de las briqueteras”. Al preguntarle si era por el tema de las cabillas o el comercio ilícito de mineral de hierro, enfatizó que desconoce con exactitud la dirección de las investigaciones.

Cuatro días después, el secretario general del sindicato y el representante de los trabajadores ante la junta provisional de Orinoco Iron, Alirio Guillén, informó que él sí acudiría ante el Ministerio Público en calidad de imputado por el caso de las cabillas. Resaltó que no entiende a qué se debe la citación, si la estatal no comercia con cabillas ni productos para el sector construcción.


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